Lo que genera la legitimidad de una norma; y por lo tanto la posibilidad de su aplicación, es la necesidad social de su existencia, en un Estado como Venezuela que en teoría se practica la democracia social el Estado crea una serie de expectativas sociales para la población, y por tanto su obligación de satisfacerlas, según el Autor Bacigalupo el estado no es quien otorga los derechos fundamentales sino quien debe crear las condiciones de su realización o goce. De esta manera el estado se legitima a través de la realización políticas que protejan de los derechos fundamentales, por lo tanto, estos derechos limitan desde el principio la autonomía del mismo y operan como fuente de obligaciones para este.
El estado se deslegitima en su poder cuando incumple con las obligaciones propias de su función, y donde la desconfianza de los ciudadanos se vuelve necesaria porque ese funcionamiento no está garantizado o la relación de los sistemas con el entorno es disfuncional y conflictivo, esto tanto para la relación entre el sistema económico y el político, como para la relación entre los ciudadanos y el estado.
La ciudadanía evalúa el desempeño de las instituciones y de los políticos, en nuestras realidades debemos esperar que la eficacia ciudadana esté a medio camino entre el estado de derecho y la arbitrariedad que define su ausencia, es el estado de transición o de consolidación.
Confianza efectiva.
Sin embargo, ¿Qué pasa cuando la ciudadanía pierde esa confianza efectiva en un Estado por falta de estado de derecho?
Se traduce en un entorno que contamina el funcionamiento del sistema político, haciendo que la tendencia sea hacia el funcionamiento de un círculo vicioso o perverso, donde operan otros factores como lo son justicia por propia mano, difícil relación entre poderes, mezquinos intereses al conjunto social y, por último, pérdida del respeto a las instituciones públicas.
Esta situación crea un ambiente anárquico que, aunque no ha sido generado por la ausencia de poder público, ha sido la consecuencia subsidiaria a la falta de respuesta ante la creación de condiciones propicias para el respeto a los Derechos Humanos o el cumplimiento de las obligaciones formales que este asume para con los ciudadanos, esto se ha traducido a través de los años en manifestaciones negativas contra la representación de los poderes públicos en Venezuela.
Nuestra región.
Si nos ocupamos de hablar del estado Zulia, existen ejemplos claro de la expresión viva de un estado anárquico, el robo con fractura de la sede del palacio de justicia, los atentados contra la sede del palacio de justicia por parte de procesados; por último, y el más reciente de los casos, es la referencia de las protestas realizadas por la etnia yukpa que ha ascendido desde lanzar arcos y fechas a policías, funcionarios del poder judicial hasta el bloqueo del puente sobre el lago.
Esto ha sido el resultado de años donde el espacio cívico ha sido constantemente transgredido y con eso los derechos de los ciudadanos, siendo esto una constante la sociedad venezolana lleva en su ADN genes de desconfianza que ha llevado a la desconexión absoluta entre la sociedad e instituciones públicas, que solo se traduce en mas temprano que tarde la fatídica muerte del contrato social y en consecuencia la anarquía de un pueblo como forma de control social.
